La desigualdad del Sistema Judicial

3 04 2012

A raíz de la “ola de inseguridad ciudadana” que se apodera de nuestras ciudades y constituye una de las más grandes preocupaciones sociales, se plantean medidas para “acabar” con el delito.

Para ello, se pide a jueces y fiscales ser muy duros con unos, los delincuentes; y más dóciles con aquello que la policía y el gobierno consideran debe hacerse  para contener el “flagelo” del delito. Poco a poco, pero cada vez con mayor intensidad se ha pasado de solicitar mejor coordinación entre jueces, fiscales y policías a amenazar a los operadores de justicia con hacer aquello que la policía dice que se debe hacer para contener al delito. Solicitudes y amenazas que se abstraen tanto del Diseño Constitucional de la separación de poderes; tanto como de las condiciones reales en las que los actores ejercen poder.

De esta manera, parece ser que nos abstraemos de conocer las razones por las que la justicia obra como lo hace e incluso de los intereses que tiene la policía para mantener su perfil unitario y monopólico respecto a la seguridad pública. Quizás no sea el momento de debatirlo, pero creo que sí influye en lo que discutimos actualmente y que denominamos “seguridad ciudadana”

Sin embargo, detrás de este pedido y estas presiones se esconden medidas de dudosa legalidad y por qué no decirlo, a cargo de instituciones de dudosa honestidad y tres problemas. El primero relativo a la falta de profesionalidad de los cuadros encargados de diseñar políticas de seguridad pública; por ende la ausencia de políticas de seguridad pública y, fundamentalmente la DESIGUALDAD con la que obra la justicia.

Por este motivo, hoy en el periódico Página Siete en el artículo Justicia y Desigualdad expongo la contradicción que creo existe entre justicia y sistema político frente a la actuación que demuestra con distintas personas, pese a las pruebas y evidencias que se hallan involucradas en los casos y hechos que se les atribuyen.

Finalmente, como considero que las condiciones que explican estos hechos, tanto estructural como individualmente, creo que es bueno acceder a una fuente de información sobre lo que ocurre en la realidad, no solo para preguntarnos desde cuándo, sino para tratar de responder porque:

“…un reciente estudio (…) expone un panorama abrumador de la administración de justicia en Bolivia. De entrada saca a flote un dato que tiene que llamar a la reflexión; el 75% de las personas que sufren algún tipo de condena se hallan en tal situación porque carecen de recursos para asumir defensa, mientras que el resto se ha librado de las penas por obra y gracia del dinero o de las influencias” (Editorial de Presencia, 10 de junio de 1992: 4).
“Los resultados obtenidos en la investigación muestran las agudas discrepancias que existen y su aplicación o ejecución real” (Informe ILANUD, 1992: 7)

De esta manera, dejo a su disposición el informe del ILANUD de 1992 sobre la justicia penal en Bolivia y los datos sobre sus tremendas desigualdades. Informe

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