“Poder” Judicial

1 06 2011

La falsa idea de construcción de independencia judicial a través de la lógica política, nombramiento/remoción judicial no resuelve un conjunto de problemas largamente conocidos en este “Poder” u “Órgano” y, en cambio, oculta diversas realidades que inadvertidas, difícilmente se abordan y solucionan; a ellas deseo referirme consiguientemente.

Primero. El gobierno, la oposición y la sociedad están de acuerdo en una idea, consideran que el Poder Judicial carece de independencia y profesionalidad. Pero en vez de buscar consensos sobre qué hacer, la ausencia de Poder Judicial resulta preferible para la política por varias razones, unas particulares y otras estructurales. A consecuencia de esta actitud, la ciudadanía en general se perjudica notablemente.

Segundo. La Independencia Judicial es compleja desde sus raíces ideológicas; sobre ella pesa una “sombra” que impide una construcción adecuada de la ansiada independencia judicial. Lamentablemente, se considera que la independencia del juez requiere ser legitimada a través del sistema político, ya sea por el Congreso o por el voto popular (Simon, 1985). En cambio, nunca se considera que ésta provenga directamente de la Constitución y de la idea básica de contar con un servicio de administración de justicia eficiente y transparente.

Se considera, que a consecuencia de la lógica: remoción -interinato-escándalo-nombramiento, existirá conciencia profesional e independencia judicial. Argumento y práctica que son falsos, pues “las purgas” judiciales sólo provocan la salida y expulsión de algunos miembros o colectivos del Poder Judicial, algunos buenos y otros no. Con cierta habitualidad, los malos funcionarios suelen “caer parados”, reacomodarse y promover nuevas alianzas para diversos fines, como mantener el bajo desempeño del servicio o satisfacer sus intereses particulares.

El poder judicial y la fiscalía están llenos de pugnas internas de poder, donde unos grupos de funcionarios luchan contra otros para tomar el control de este servicio público encargado, por ejemplo, del juzgamiento de conductas relacionadas al tráfico de bienes ilícitos. Por tanto, los golpes o intervenciones propiciadas por el Poder Ejecutivo o cualquier otro, sólo hacen que los procesos de expulsión y readaptación, se aceleren o reequilibren. Ningún proceso de intervención es posible ni exitoso si no existen funcionarios “aliados” dentro de las instituciones judiciales, quienes a nombre de su experiencia o la buena voluntad pueden pasar a desempeñar roles protagónicos en la intervención y luego de ella, un asalto al que se le dan diversas denominaciones como “cambio” o “reorganización”.

En todos los procesos de cambio o reorganización, se acostumbra -previamente- acusar a la gestión en ejercicio de las peores prácticas y costumbres, de las peores asociaciones con la política o la clase pudiente (bancos y transnacionales). Esta realidad, posiblemente verosímil, responde a una estrategia práctica desarrollada por actores externos, grupos de poder real, que se disputan sucesivamente la administración de justicia para sus propios intereses, llámese gobierno, burguesía, oligarquía o revolución.

Su estrategia es mantener en funciones a los peores funcionarios, en las peores condiciones de trabajo, con los peores salarios de América en su sector, sin prestigio ni carrera para que la Justicia continúe manteniendo una dependencia total de la política a partir del círculo remoción-interinato-escándalo-nombramiento y nunca pueda definir su verdadero rol en la sociedad y posición ante el sistema político, y -salvo particulares y honrosas excepciones- los incentivos sólo sean intereses particulares.

La historia es siempre la misma, entre 1992 y 1994 se purgó a la Corte Suprema a través de un vergonzoso juicio de responsabilidades y luego se dio paso al Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura; instituciones que quedaron disueltas y a cuyos funcionarios debemos elegir mañana. ¿Qué sucedía en ese entonces? Se allanaba el camino a la capitalización y al Plan de Todos. ¿Qué ocurre hoy? Nada más ni nada menos que otro cambio estructural del Estado, de la Constitución y como no del Poder Judicial.

La realidad de abuso, incompetencia, deshonestidad, guerra interna y corrupción es común a todas las entidades del Estado y organizaciones de la sociedad boliviana ¿Por qué se cree que el Poder Judicial debía haber sido distinto? Ante esta realidad, que procede de nuestra cultura política y habitual forma de confundir lo público con lo privado, ¿por qué será que una reforma, deseada, maniobra bajo las mismas ideas y prácticas?, es decir a través del abuso, la generación de guerras y pugnas internas, las purgas sin derechos salariales y acusaciones generalizadas.

Tercero. Existen condiciones que se exigen al Poder Judicial que el Estado Boliviano en su totalidad no es ni fue capaz de lograr; como el control del territorio y el control del gobierno. De mala manera se pretenderá exigir al Poder Judicial que desarrolle algo que depende de contextos más amplios, como la existencia de políticas públicas claras: Anticorrupción, por ejemplo.

Del mismo modo, mientras el Poder Judicial siga desconociendo lo que la población sufre a diario en tribunales e ignorando temas complejos como el crimen organizado, la cooperación judicial internacional, etc.; nuestra justicia estará siempre plagada de víctimas y de un desagradable tono verde olivo; como tantos otros servicios públicos ineficientes, burocráticos y corruptos.

Cuarto. Se ignora o se oculta, que detrás de cada juez -sea de provincia o de la Suprema- se encuentra un gran conjunto de personas allegadas a dicha autoridad, que resultan ser sus subordinados, ayudantes o guardaespaldas; que acomodándose en el juzgado realizan el trabajo que debería corresponderle al juez esperando a cambio, como palomas que esperan migajas en el suelo, obtener una remuneración ilícita o un cargo lícito. Esta es una de las formas más obvias de ingreso a la administración de justicia como secretario, defensor de oficio, etc.

Esta realidad viene desde la universidad (pública especialmente) y nadie habla de ella, en cambio la sufrimos a diario a través del ejercicio de un poder que se acomoda detrás de los mesones de cualquier juzgado.

Quinto. Sería lamentable que la sociedad boliviana no pueda conocer ni pronunciarse sobre la calidad o perspectivas de las personas que candidatean, si éstas son profesionalmente competentes o simplemente son ingenuas para asistir a este “reclutamiento” que probablemente acabará en unos años (ellos por delante), a nombre de la nueva reforma y la nueva “era democrática”.

No sabremos por las hojas de vida (CV), si alguno se diferencia de los demás, si tiene ideas respecto a lo que enfrenta y si son capaces de defendernos como personas con derechos ante el Estado (incluso ante ciertas prácticas institucionales como la tortura militar y policial).

No podremos saber, sin someterlos a escrutinios públicos sobre sus valores y maneras de pensar, si son capaces de vislumbrar soluciones -no sólo al incumplimiento de plazos judiciales-sino a la necesidad de construcción de Justicia como experiencia pública que se comparte, que busca rescatar valores comunes y defenderlos como una forma común de vida. O, en cambio, en vez de ideales de justicia tienen una idea de ORDEN y AUTORIDAD; que compartida desde las dictaduras por la clase política y un gran conjunto de la población debe ser llevada a la práctica a cualquier costo. Para esa política, el mejor juez no es el independiente, es aquél que comparte la ideología del régimen (Montero, 1990); el Poder Judicial entonces, sería sólo un instrumento para estas “iniciativas” y su independencia, sólo un obstáculo;

Y por ello habrá que hacerse dos preguntas ¿Qué lugar ocupa el Poder Judicial en los planes y visión del ejercicio de poder de la clase política? Y ¿Cuáles son los objetivos que se plantean a su labor? Defender a la persona humana o defender al Estado, defender a la persona humana o defender al “pueblo en el palacio”, ser JUECES o gendarmesQuizás este ejercicio resulte más útil que el de querer adivinar si los elegidos serán o no independientes y si será o no muy difícil construir su independencia a pesar de que la ley resulte “equilibrada” jurídicamente.

Sexto. ¿Por qué creer en la infalibilidad de los Asambleístas para elegir a los mejores candidatos? Sin la participación y escrutinio de la población ello no es posible y para muestra basta un botón… la elección de jueces a dedo realizada el año pasado por el Presidente Morales, se dijo que se nombraba a los mejores según la opinión de diversos sectores sociales y del partido; entre “los mejores” existe un juez cuyo anterior cargo fue el desempeño de secretario de la comisión de reclutamiento de personal de una entidad estatal. Por lo que se puede inferir, que sobre sentencias y juicios al más alto nivel no tiene conocimiento alguno.

Séptimo. La ausencia de políticas públicas de seguridad y justicia en nuestro país, determina que los organismos internacionales o nuevos agentes cooperantes, tengan urgencia de definir una agenda de trabajo y comiencen a establecer objetivos y metas para vencer el delito, el narcotráfico y otras amenazas. No importa cuál sea la situación que sufra o enfrente el Poder Judicial o los actores que tenga; éste terminará como mucho, legitimando y legalizando lo que previamente hizo o hacen las fuerzas especiales de seguridad.

Por lo tanto y como conclusión, demostrarán independencia aquellos jueces que puedan defendernos frente al poder fáctico del Estado y frente a cualquier particular circunstancialmente empoderado.

 





¿Cuestión de una ley?

16 05 2011

Un períodico paceño, en la edición del domingo 15 de mayo, revela la intención de contar a través de una modificación normativa con la obligación de que investigadores de la Policía Boliviana, se queden al menos un año destinados en la Fiscalía.

Enlace

Al respecto, Tercer Cisma expone unas ideas que tratan de vislumbrar problemas inadvertidos para la elaboración de políticas públcias reales y eficaces.

  1. Según el Código de Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio Público actuales, existen las facultdes normativas de exigir que los investigadores de las fuerzas públicas de policía judicial permanezcan vinculados a dichas investigaciones y la estructura de las instituciones judiciales, más allá del gusto, capricho o “necesidad” de sus superiores en la Policía Boliviana. Existe incluso la capacidad legal de exigir y defender estas condiciones ante cualquier tribunal del país y hacerla cumplir bajo ordenes judiciales y del Poder Ejecutivo, inclusive.
  2. Estas facultades normativas nunca han sido ejercidas de manera sistemática por la Fiscalía/Ministerio Público ni han sido ejercidas de manera coordinada. Si las autoridades superiores de la Fiscalía intervienen, nunca sucede bajo un esquema estratégico o de planificación institucional. Este es otro ejemplo de su ausencia de la vida pública, su falta de profesionalidad y lo improvisado de sus conocimientos y ejercicio interino de sus cargos. A falta de Fiscal General, necesitamos una ley para que se pueda hacer algo que es posible desde hace más de 10 años y que depende, a nivel de la fiscalía de una actitud política e institucional firme y convencida de las obligaciones que debe cumplir.
  3. La actitud de los fiscales hacia los investigadores y viceversa, las relaciones que se producen en la llamada “dirección funcional”, constituye un mundo desconocido para los saberes universitarios; a su vez constituye una indescriptible relación de conductas y fenómenos sociológicos que no son abordables por la gente vinculada al sistema de adminsitración de justicia penal (sean abogados o usuarios del sistema), que deben ser estudiados y transparentados para su entendimiento general con motivo de planificar sucesivos pasos, actores y expectativas en el gobierno de un servicio público como es el relativo al sistema judicial.
  4. Si “mañana” obtenemos una ley que exija a la Policía Boliviana cumplir con algo que tiene bajo su control absoluto, como otras innumerables competencias, habremos dado el primer paso para su subsiguiente amotinamiento. La policía nunca ha aceptado perder poder, menos ante una institución que tiene encargada su vigilancia como el Ministerio Público ola Justicia.
  5. Otros fenómenos asociados con el sistema penal y el sistema judicial, como la victimización o revictimización, dependen de mayores contextos para su reducción. No es un objetivo claro ni menos posible, decir que se eliminará la victimización o revictimización! Probablemente muchas de estas tareas pendientes se asocian con estas medidas (profesionalidad, innamovilidad), tanto como con otras y entonces, dependen de POLÍTICAS PÚBLICAS, no de leyes ni buenas intenciones que son al final ingenuas.
  6. Hay que reparar acerca de, si lo planteado es  correcto para conseguir lo deseado. Sólo como ejmeplo, muchas veces la movilidad de los funcionarios públicos deja entrever una forma para evitar la corrupción en la sinstituiones. ¿Qué otros problemas nos plantearían su deseada inamovilidad? ¿Se ha pensado en un mecanismo de evaluación que no sea la amenaza de cárcel por incumplimiento de deberes? ¿Qué tipo de fenómenos e intereses existen, pueden ser creados o reforzados? ¿Los que hacen la ley, conocen y pueden entender la realidad sobre la que legislan?

Datos bibliográficos que pueden ayudar:

Mayer, Markus. «Sociological aspects regarding the set up and management of a Joint Investigation Team.» En Joint Investigation Teams in the European Union. From theory to practice, de G. & Rijken, C. Vermeulen, 2020-218. The Hague: TMC Asser Press, 2006. (Info. aquí) Y (Aquí)

Documentos CEJA para Bolivia.

Logros y límites de la organización de la Fiscalía del Distrito de La Paz. (T. Ledezma I.)

Reflexiones acerca de la reforma procesal penal, Bolivia